La persecución de la que fue objeto en España la Masonería durante los largos años de dictadura parece prolongarse en el ánimo de quienes, usurpando un derecho patrimonial sobre nuestro idioma, utilizan el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en todas sus ediciones, para definir la Masonería como “asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales, y se agrupan en entidades llamadas logias”, olvidando su legalización por el Tribunal Supremo, en 1979.
El art. 22.5 de nuestra Constitución (junto con la Ley Orgánica 1/2002) prohíbe en España la existencia de asociaciones secretas, por lo que atribuir esa calidad a la Masonería equivale a difamarla, tratándola de asociación ilícita. Se distorsiona con ello el concepto filosófico que de la palabra “secreto” mantiene la Masonería, en el marco de su metodología iniciática simbolista, utilizándola deliberadamente como adjetivo calificador de la naturaleza y de las actividades de la Institución masónica, contribuyendo de ese modo a desacreditarla. La Masonería sólo ha actuado clandestina o secretamente cuando ha sido perseguida, al igual que lo fueron partidos políticos, sindicatos o iglesias, bajo regímenes dictatoriales o tiránicos.
Siendo las Obediencias o Federaciones masónicas españolas, europeas e iberoamericanas entidades legal y oficialmente constituidas, domiciliadas y registradas como asociaciones culturales sin ánimo de lucro, y siendo conocidos los responsables de sus órganos rectores, es evidente que no son entidades secretas. Por otra parte, nadie viene obligado a publicar sus opiniones, ni a identificarse con los partidos, religiones, escuelas filosóficas, clubes o asociaciones legalmente constituidas a las que pueda libremente pertenecer (Art. 16 de nuestra Constitución).
Con el propósito de poner fin a tal situación, los masones españoles, los iberoamericanos y los europeos miembros de Consejo de Europa, a través del Ateneo Génesis, manifiestan su profundo malestar por esta situación de la que es responsable la Real Academia de la Lengua Española, por lo que, desde marzo de 2007, se han iniciado ante ella acciones reivindicatorias, con conocimiento de la Casa de S.M. el Rey (patrono constitucional de todas las reales Academias ) y de los Ministros de Educación y el de Cultura.
A pesar de ello, hasta el momento, la Academia de la Lengua no ha actuado con la urgencia que el asunto reclama y ha venido barajando otras posibles definiciones, igualmente inexactas, deshonrosas y peyorativas, como “Asociación originariamente secreta” o “Asociación cerrada”.
El art. 22.5 de nuestra Constitución (junto con la Ley Orgánica 1/2002) prohíbe en España la existencia de asociaciones secretas, por lo que atribuir esa calidad a la Masonería equivale a difamarla, tratándola de asociación ilícita. Se distorsiona con ello el concepto filosófico que de la palabra “secreto” mantiene la Masonería, en el marco de su metodología iniciática simbolista, utilizándola deliberadamente como adjetivo calificador de la naturaleza y de las actividades de la Institución masónica, contribuyendo de ese modo a desacreditarla. La Masonería sólo ha actuado clandestina o secretamente cuando ha sido perseguida, al igual que lo fueron partidos políticos, sindicatos o iglesias, bajo regímenes dictatoriales o tiránicos.
Siendo las Obediencias o Federaciones masónicas españolas, europeas e iberoamericanas entidades legal y oficialmente constituidas, domiciliadas y registradas como asociaciones culturales sin ánimo de lucro, y siendo conocidos los responsables de sus órganos rectores, es evidente que no son entidades secretas. Por otra parte, nadie viene obligado a publicar sus opiniones, ni a identificarse con los partidos, religiones, escuelas filosóficas, clubes o asociaciones legalmente constituidas a las que pueda libremente pertenecer (Art. 16 de nuestra Constitución).
Con el propósito de poner fin a tal situación, los masones españoles, los iberoamericanos y los europeos miembros de Consejo de Europa, a través del Ateneo Génesis, manifiestan su profundo malestar por esta situación de la que es responsable la Real Academia de la Lengua Española, por lo que, desde marzo de 2007, se han iniciado ante ella acciones reivindicatorias, con conocimiento de la Casa de S.M. el Rey (patrono constitucional de todas las reales Academias ) y de los Ministros de Educación y el de Cultura.
A pesar de ello, hasta el momento, la Academia de la Lengua no ha actuado con la urgencia que el asunto reclama y ha venido barajando otras posibles definiciones, igualmente inexactas, deshonrosas y peyorativas, como “Asociación originariamente secreta” o “Asociación cerrada”.
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